El T-MEC, que espera ahora el rito constitucional de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, está muy lejos de la apoteosis; antes al contrario, lo acompaña el infortunio y el desasosiego de las comunidades y grupos culturales mexicanos: la expresión de las diversidades quedan en lo sucesivo inermes ante el advenimiento de la cultura digital.

 

La salvaguarda de esa diversidad ha sido una constante en los afanes de los Estados, y más aún en las negociaciones comerciales bilaterales, regionales o multilaterales, en las que se observa un esfuerzo sostenido de los países para articular estas últimas con sus políticas y adoptar las medidas necesarias a fin de preservar la multiplicidad de las expresiones culturales. La cultura digital, lejos de haber atemperado esta lid, ha servido como un catalizador. Y es importante mencionarlo: la postura mexicana en el caso del T-MEC prescindió de cualquier argumento cultural.

 

La conducta del país prevaleciente en materia de cultura en el ámbito internacional ha sido ambivalente; es ya proverbial y memorable en los foros internacionales que México sostenga posiciones, como en la Organización Mundial de Comercio (OMC), que son discordantes con lo que manifiesta en otros, como en la UNESCO. El T-MEC es sin duda el epítome de esta política disonante.

 

La repulsa de los negociadores nacionales de la administración anterior en lo que respecta a la guarda y custodia del patrimonio cultural mexicano en el T-MEC fue más que evidente. Las proclamas estentóreas con las que procuraban mitigarla era una estratagema cuya obviedad resultaba patética.

 

La Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (Convención del 2005) se diseñó como una atemperación de las directrices de la OMC. En la conferencia diplomática donde fue aprobada predominó empero una mirada estrábica, ya que los trabajos se concentraron en las actividades de la OMC.

 

La pertinaz participación de la embajadora estadunidense Louise Oliver se cuenta entre los anales de las discusiones en la UNESCO. Argumentó que el texto de la Convención del 2005 era ambiguo y que incluso podría dar pauta a censuras, particularmente de las minorías étnicas. Sin embargo, su alegato central fue que los Estados camuflarían prácticas comerciales proteccionistas so pretexto de la salvaguarda de las diversidades culturales.

 

La admonición estadunidense fue incontestable: no se aceptaría ninguna restricción al comercio electrónico, los bienes y servicios culturales incluidos. Ello ha suscitado que muchos Estados, al negociar acuerdos de libre comercio, y a pesar de ser parte de la Convención del 2005, abdiquen de la necesidad de preservar íntegramente su derecho soberano a formular y articular políticas culturales. México es el prototipo de ello; a su falta de voluntad política agregó negociaciones comerciales encubiertas bajo el manto de la confidencialidad.

 

EL ORDEN INTERNACIONAL

 

La emersión de un nuevo orden internacional en materia de cultura está muy lejos de ser sencilla. En foros como la OMC se estima que la liberalización del comercio no es conciliable con la promoción y protección de la diversidad de las expresiones culturales.

 

En los ámbitos internos se verifican procesos de innovación tecnológica que se confrontan constantemente con las leyes domésticas, sometidas a una adecuación, tan fastidiosa como prolongada, que contrasta con la celeridad de las innovaciones.

 

El vértigo de esos cambios generó el fenómeno conocido como

convergenomics, que es una de las características actuales de la economía.

Hay una presencia cada vez más persistente de los productos de

convergencia, que son aquellos que combinan en una unidad las

peculiaridades que estaban impregnadas en productos separados; en

lenguaje informático, son los que concentran una o más plataformas

digitales en una unidad. Esto queda perfectamente ilustrado con los

smartphones.

 

El dinamismo propio de la economía digital plantea serios dilemas en lo que

atañe a la diferencia entre bienes y servicios culturales. El libro es un claro

ejemplo, toda vez que hoy se advierte una clara distinción entre el libro

homotético, el libro impreso y el libro digital. El primero, catalogado como un producto multimediático y no como un libro, consiste en la reproducción informática del libro tradicional, en la que se insertan comentarios con el objetivo de impeler la investigación (Informe Zelnik).

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En tanto que los libros impresos y los digitales han sido catalogados como bienes, el homotético lo ha sido como servicio (Precedente de la Corte de Justicia europea. Commision européen c. Republique francaise. Affaire C-479/13 marzo de 2015. J.O.U.E. C. 138 del 27 de abril de 2015 p. 9). A fin de evitar cualquier disquisición, para el T-MEC el libro califica como producto digital, conforme a su definición expansiva (artículo 19.1).

La especificidad que distingue a los bienes y servicios culturales fue totalmente ignorada por México y sustituida por la de productos digitales. Cualquier excepción empero sólo beneficia a Canadá. Una prudencia en la estrategia obligaba a los

negociadores mexicanos a considerar varios factores; entre otros, los precedentes de las negociaciones comerciales estadunidenses con otros países. Ello hubiera posibilitado calibrar su flexibilidad, como fue el caso de Jordania, Singapur, Chile, Australia y Marruecos, por mencionar sólo algunos.

 

 

A partir del análisis multifactorial pudo haberse introducido una propuesta alternativa para distinguir los bienes y los servicios culturales; la liberalización del comercio electrónico presenta un vínculo flagrante con unos y otros. Los desafíos están vehiculados por la convergencia de una pluralidad de sectores asociados y la profunda alteración de la cadena de valores culturales, como la producción, distribución y diseminación de contenidos. Esta nueva realidad exigía a los negociadores mexicanos redefinir y extender la salvaguarda de las expresiones culturales nacionales a efecto de adaptarlas al ambiente informático en la forma más apropiada posible.

 

Esos negociadores enfrentaban un doble reto: en lo interno, crear una legislación eficaz en materia de protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, lo que presuponía una coherencia en la legislación de esta diversidad que pudiera haber tenido un reflejo en el T-MEC. El segundo desafío consistía en la consecución de esos objetivos en el tratado. Ambos retos fueron eludidos.

 

El apocamiento de los negociadores mexicanos impidió, en la conclusión del T-MEC, crear un modelo alternativo de liberalización de productos y servicios culturales. Peor aún, desestimaron el derecho soberano del Estado a intervenir en favor de la diversidad de nuestras expresiones culturales.

 

A la indolencia de los comisionados mexicanos, Estados Unidos agregó un argumento mayor; a la complejidad en la clasificación de los bienes y servicios culturales, así como a la dificultad de trasponer las políticas culturales tradicionales a la nueva realidad tecnológica, se sumó el hecho de que ese país se benefició del apremio mexicano para concluir el T-MEC. La sagacidad de los Estados Unidos encontró el contorno ideal para eliminar los bienes y servicios culturales en relación con México; sin duda, un triunfo estadunidense.

 

Lo anterior sirvió para excluir, en el caso mexicano, toda protección y fomento a la diversidad de nuestras expresiones culturales. La estrategia comercial de Washington, que era del pleno conocimiento de los representantes mexicanos, venía de tiempo atrás con los llamados servicios propios de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (las TIC o ICT, por sus siglas en inglés). La liberalización absoluta de los productos TIC para México en el T-MEC trasciende temas relativos a la infraestructura cultural y tiene un claro impacto en las industrias del ramo, cuya secuela es una colisión con la diversidad y el pluralismo culturales.

 

La política comercial estadunidense ha sido consistente en este contexto y México se plegó sin cortapisas a ella, lo que evidencia la ideología imperante en tal coyuntura. En 2001 China se incorporó a la OMC, pero su protocolo de adhesión fue controvertido por los Estados Unidos en el Tribunal de Apelaciones de la organización. El laudo arbitral sobre ese conflicto, uno de los más célebres de la OMC, le fue favorable a los Estados Unidos, que impugnaba el libre comercio de videocasetes, discos compactos, libros, periódicos, revistas, publicaciones electrónicas y audiovisuales en la recreación doméstica, que encuentran su mejor expresión en los productos TIC, o bien en los llamados productos de recreación audiovisuales domésticos (AVHE, por sus siglas en inglés), que están asociados al ámbito de los bienes y servicios culturales.

 

Lo relevante de este caso es que China había alegado en su adhesión la protección de la moral pública como un factor de cohesión social y una conditio sine que non para la preservación de su paz social y el mantenimiento de su orden público. A este efecto había invocado el artículo XX del GATT 1996, así como la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO. Estos argumentos fueron desestimados por el Tribunal de Apelaciones (Precedente China- publications and audiovisual products. WT/DS363/R).

 

Ante esta realidad la búsqueda de un modelo alternativo era imperiosa, y la alianza con Canadá resultaba imprescindible. Ninguno de estos eventos ocurrió. Más grave aún: los bienes y servicios culturales quedaron subsumidos en el régimen libérrimo de los productos digitales. Un grave sometimiento para México.

 

LA POSTURA DEL SENADO

 

La UNESCO ha sostenido una diferencia muy clara entre bienes y servicios culturales en sus Directivas operacionales sobre la puesta en marcha de la Convención del 2005 en el mundo digital (las Directrices), que fueron paradójicamente aprobadas por México en la sexta conferencia de los Estados parte de esta Convención, en junio de 2017.

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