cancelación. No se ha presentado una sola denuncia pública contra los administradores de los recintos o contra algún funcionario público que haya condonado su mala operación. Todo indica que la orden surgió desde la boca del estómago, no a partir de la evidencia.

 

Porque si el gobierno atendiera datos y cifras, en vez de dimes y diretes, habría visto que la Auditoría Superior de la Federación sólo hizo observaciones al 1.8% del presupuesto de las estancias y no justificó su cancelación. Porque si la Secretaría de Bienestar operara conforme a las mejores prácticas y no conforme a los más jugosos chismes, jamás habría afirmado que aceptar la recomendación de la CNDH –exigiendo que el gobierno restituya los derechos infantiles cercenados– implicaba “seguir permitiendo el robo de mil 49 millones de pesos al erario público”. Jamás afirmaría que los apoyos entregados directamente evitan la corrupción y protegen a la niñez, ya que no tiene evidencia para probarlo. ¿Dónde están los documentos que avalan la cifra denunciada? ¿Dónde está la denuncia judicial presentada ante la Fiscalía General de la República? ¿Dónde están los estudios que demuestran cómo la entrega de dinero en efectivo a los padres es una política pública más justa, más progresista y más eficaz que las estancias? ¿Cómo sabe la Secretaría de Bienestar que los recursos serán destinados al cuidado de los niños en lugares seguros? No tiene manera de saberlo o defenderlo, ya que no cuenta con evidencia para ello.

 

Prefirió complacer al presidente antes que revisar las evaluaciones del Coneval, donde

los padres indican el impacto positivo de las estancias. Optó por seguir una orden

desde arriba antes que mirar lo que en realidad estaba sucediendo abajo, ahí, en el

pueblo. Madres que podían trabajar porque había un sitio seguro para sus hijos. Mujeres

empoderadas en lugar de mujeres arrinconadas. Padres que manifiestan 95% de

satisfacción con el programa y sus efectos sobre la calidad de vida. Toda esa evidencia,

ignorada; todas esas mediciones, desechadas. Y como sustituto, la “voucherización” al

estilo más neoliberal, justificada con el argumento de que “genera mejores resultados”,

cuando eso nadie en el gobierno lo puede probar. Ni María Luisa Albores ni Adriana

Montiel tienen un solo estudio realizado donde se demuestre lo que defienden. Pueden

afirmar, pueden prometer, pueden argumentar lo que quieran. Pero no hay forma de

constatarlo.

 

Lo que sí sabemos es que la cancelación de las estancias implica un retiro del Estado

con respecto a sus obligaciones. En este tema, la 4T no corrige; privatiza. No amplía la

cobertura social; obliga a los padres a buscar instituciones privadas –o abuelos– que la

suplan. No le provee mayor margen de acción personal y laboral a las mujeres; lo

reduce. No enarbola las mejores causas de la izquierda; despliega los peores instintos

de la derecha. La Secretaría de Bienestar lleva a cabo todo esto sin demostrar que sus

acciones producirán mayores beneficios, dado que no cuenta con una base de datos,

con un padrón, con una serie de recomendaciones basadas en las mejores prácticas internacionales. Obediencia mata evidencia.

 

Como la evidencia no importa, el gobierno decide desmantelar a quien la recolecta, con recortes austericidas al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la institución que mide e informa, evalúa y disemina, nos dice cómo vamos y dónde debemos corregir. Ahora el gobierno quiere acabar con ella y al hacerlo reitera un mensaje dual y ominoso. La política social –como lo demuestra la cancelación de las estancias infantiles– será enteramente discrecional y no contaremos con mediciones que comprueben su impacto. Habrá chismes, opiniones, “otros datos” muy distantes de la realidad. Pero cuando un grupo que asume el liderazgo elimina la evidencia sobre cómo lo ejerce, deja de ser un gobierno. Se vuelve un culto, o una secta de esas que creen en los ovnis, la telepatía, el Triángulo de las Bermudas y los milagros de la Cuarta Transformación.